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La legalidad de la sesión de la Comisión de Evaluación ambiental (CEA) de Coquimbo, de marzo del año pasado -en que fue rechazado el permiso ambiental del proyecto minero Dominga está en el centro del reciente fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta. Dicha sesión, cuyo resultado obligó a que el Comité de Ministros tuviera que decidir el futuro de la iniciativa de US$2.500 millones, fue presidida por el exintendente, Claudio Ibáñez.

En entrevista con PULSO, la máxima autoridad de la IV Región en el gobierno anterior defiende la actuación de la instancia, asegurando que esta fue ‘profundamente técnica’ y descartando ilegalidades. Además, plantea que el fallo en ningún caso cuestiona la decisión de la instancia regional y por lo mismo, insiste en que la iniciativa no cumple con la ley vigente.

¿Cómo evalúa el fallo del Tribunal Ambiental?

—La sentencia es clara, pero solo se pronuncia sobre aspectos formales, no hace referencias al fondo, ni a los aspectos técnicos que se han tratado durante el proceso. No se hizo un análisis respecto de los aspectos de fondo y lo relevante es centrar la discusión en la protección del medio ambiente en un lugar que es único en el mundo por su biodiversidad.

Fue en la misma zona donde el presidente Piñera el año 2011 bajó el proyecto Barrancones, por su afectación al medio ambiente. Lo relevante tiene que ver también con que la ciudadanía entienda que nosotros como gobierno regional aprobamos casi US$4 mil millones en proyectos de inversión minera.

¿Cuál era la situación en el caso de Dominga?

—Como gobierno regional y en el CEA votamos en función de una convicción y certeza técnica de que ese proyecto no nos daba la tranquilidad ni garantías ambientales, porque ese fue un proyecto que se presentó de manera fraccionada. Cuando se parte este proceso, se plantea primero un proyecto minero y después, dos o tres años después, se viene a presentar la incorporación del puerto, que es lo que principalmente inquieta esta iniciativa. Los efectos sinérgicos, con la aprobación del proyecto portuario Cruz Grande, van a generar un estrés en una zona que tiene una evolución de más de 200 millones de años.

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En las evaluaciones nunca la empresa quiso incorporar un estudio sobre la reserva del pingüino de Humboldt, porque el proyecto que ellos presentaban era solamente las dos minas, los relaves, puerto y planta desaladora. Entonces, cuando ellos plantean medidas de mitigación siempre las hicieron sobre la base de una deficiencia, porque ninguno de estos temas que estoy planteando fueron tratados por el Tribunal Ambiental.

¿Qué plantea el fallo al respecto?

—Quiero valorar mucho el llamado a acoger lo que planteó el Tribunal Ambiental respecto a tener herramientas mucho más claras para medir la línea base del proyecto, porque de alguna manera plantea que faltan herramientas más claras que puedan definir una línea base, especialmente en la necesidad de quienes actúan como autoridad o actuamos en el pasado en un proceso tengamos más herramientas.

¿Por qué me parece tan relevante la observación del Tribunal Ambiental para tener herramientas que tengan y que definan una línea base? Porque es justamente lo que nosotros cuestionamos, que no hay una línea base clara para decir cuáles son los impactos que tiene un proyecto de esta envergadura.

¿Debió el Tribunal Ambiental pronunciarse sobre el fondo también?

—He revisado y me han comentado que en general los tribunales ambientales se pronuncian no solo de los aspectos formales, sino también desde el punto de vista del fondo y los aspectos técnicos y en este caso eso no ocurre.

¿Y la decisión del CEA fue técnica?

—Profundamente técnica. Aquí el tema central ha sido la preocupación por el daño ambiental. Por eso son tan importante las recomendaciones que hace el Tribunal Ambiental que en el futuro existan herramientas. Acá insistiría en que no hay mala fe, no hay dolo, sino que hay que tener un ordenamiento mucho más claro para definir la línea base. Hay una convicción de que efectivamente hay un daño ambiental muy significativo. Aprobamos casi US$4 mil millones que nunca menciona nadie.

¿Quién dice algo porque aprobamos Pelambres, Minera Espino? Ninguno de esos proyectos está a pocos kilómetros de la principal reserva mundial del pingüino de Humboldt. Entendamos que el tema de fondo es la afectación.

¿Mantiene la postura de que la decisión que tomó el CEA fue la correcta?

—Sí, por supuesto. Nosotros tenemos la convicción, la certeza política, técnica y jurídica del correcto actuar. A nivel de la instancia local votamos con la convicción que el proyecto genera daño ambiental. Tenemos la convicción del correcto actuar y cuando existe esa convicción no se teme y tampoco se desiste. Independiente de que existan legítimas discrepancias.

¿Tenemos que enfrentar todos los proyectos a cualquier costo o las empresas también pueden hacer un esfuerzo para ubicar emplazamientos donde no genere estos efectos sobre el hábitat y el ecosistema marino? Denostar, desprestigiar una votación por cuestiones de forma, no estamos abordando el fondo y me parece que es un tema que tiene que ser tratado en las instancias superiores.

La Ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, dice que la evaluación ahora sí se hará dentro de la legalidad.

—Lo que plantea el Tribunal Ambiental tiene que ver con que hubo fallas en cuanto a las razones argumentativas, pero no en cuanto a otros aspectos. Tal como existió una disconformidad de la empresa en la instancia regional y ministerial, ahora la otra parte tiene diferencias respecto a que no se ha tratado nada respecto al fondo.

La comisión que evaluará el proyecto ahora no contará con antecedentes nuevos, ¿Qué opina de eso?

—Todavía esto está en proceso, porque ahora se va a la Corte Suprema.

¿Se debería aprobar este proyecto?

—Creo que en las condiciones que está, por ningún motivo. Por todas las razones que he dado. Si se genera un proceso de Evaluación ambiental y se evalúa cual es el impacto de este proyecto en la reserva del Pingüino de Humboldt, y el estudio dice que no hay un impacto, es un escenario, pero no se ha hecho eso. Como autoridad uno tiene que actuar de manera responsable por el daño ambiental que genera. El único proyecto que rechazamos, y por las razones que indiqué, aquí nadie está contra el desarrollo económico, nadie está contra la generación de empleo, pero siempre hemos dicho que tiene que existir ese desarrollo racional, natural, sustentable.

Fuente: Pulso