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El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), fue quien confirmó este martes que ya se encuentra en curso la primera investigación en contra de un parlamentario por una denuncia de acoso sexual. 

La acusación es tramitada a ocho meses de que se aprobara el protocolo que busca prevenir y sancionar el acoso sexual al interior de la Corporación , y que cuenta entre sus principios la confidencialidad de los con respecto a los antecedentes tanto del denunciante como del denunciado.

Sin embargo, de acuerdo a una publicación de La Tercera [15], la denuncia recae sobre el diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y ex alcalde, Pedro Velásquez. 

 El caso fue notificado el pasado 11 de septiembre a la Comisión de Régimen Interno de la Cámara de Diputados y, según el protocolo, cuando la denuncia recae sobre un parlamentario se debe elegir al azar a una diputada perteneciente a un comité y a una región distinta del acusado, quien estará a cargo de liderar el proceso de investigación.

En el caso de la denuncia contra Velásquez, la investigación estará a cargo de la diputada del Frente Amplio y presidenta de Convergencia Social, Gael Yeomans. 

La parlamentaria deberá escuchar a las partes, entregar sus conclusiones, y luego de eso, actuará como relatora ante la Comisión de Régimen Interno, instancia que finalmente aplicará las sanciones correspondientes si es que se comprueban las acusaciones en contra del parlamentario.

Consultado sobre la denuncia, Velásquez aseguró estar “sorprendido” debido a que “no me han notificado de nada”, al mismo tiempo que descartó las acusaciones y afirmó que “aquí estamos frente a una persona que en su imaginación tiene una capacidad de inventar increíbles”.

El parlamentario aseguró que la acusación fue realizada por un ex funcionario de la Cámara, quien tendría antecedentes penales y que se trata de una revancha en su contra tras haber despedido a su ex colaborador.

Con respecto a las sanciones, en caso de que se compruebe la agresión y esta sea considerada “leve” el parlamentario arriesga la sanción del llamado al orden y una multa del 2% de su dieta.

Para las “menos graves” el protocolo establece una amonestación y una sanción de, a lo menos, un 5% de la dieta, mientras que para las “graves y gravísimas” el parlamentario podría arriesgar las sanciones de censura y una multa de entre el 10% y el 50% de su dieta.

Si se comprueba la existencia de un delito la Cámara de Diputados está obligada a denunciar al parlamentario ante el Ministerio Público.