felipe_barraza_ii.png [15]

Hace más de un mes que comenzó el estallido social y con ello también se comenzó a hablar de la agenda social, como una forma de calmar las demandas urgentes que ha venido exigiendo el pueblo en la calle en busca de mayor equidad y justicia social. Ante las demandas sociales, se han hecho una serie de anuncios en diversas materias como en pensiones, en el transporte público, en el aumento del sueldo mínimo, entre otras cosas. Todas ellas con letra chica, como se ha caracterizado en este gobierno. 

Una de las demandas que se ha instalado en estas últimas semanas han sido las deudas que existen en la educación superior a raíz de distintos créditos que tuvieron la función de financiar la posibilidad de estudiar en alguna casa de estudio, ya sea pública o privada, y que hoy representa una condena al pago por lo que debería haber sido un derecho garantizado como es la educación. No obstante, bajo esta Constitución y con un modelo Neoliberal, la educación se transó como un bien de consumo.

El gobierno anunció la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE), cuya letra chica dice que “las personas en mora podrán renegociar por una sola vez, posponiendo las cuotas morosas y tendrán una condonación de las multas e intereses penales y otros gastos de cobranzas.” El CAE se ha transformado en una tortura económica para quienes lo han adquirido. Sin embargo, también existen otros créditos que han resultado tortuosos para quienes los adeudan, como el Fondo Solidario, el crédito Corfo y créditos internos de algunas casas de estudios. 

Por ello se hace indispensable hacer un breve repaso histórico. Recordaremos que hasta el año 1981 existía gratuidad en la educación universitaria. A partir de ese año con la reforma universitaria hecha en dictadura, las familias con vulnerabilidad social tuvieron que acceder al Crédito Fiscal Universitario (CFU) que se extiende hasta el año 1986, luego se modifica por el Crédito Universitario (CU; 1987 – 1994). Ya el año 1994 se modifica nuevamente el crédito del Estado pasándose llamar Fondo Solidario Crédito Universitario (FSCU) qué tenemos hasta el presente. La deuda de este crédito es fijada en UTM. Desde el año 1995 comienza a existir el Crédito CORFO, donde la institución estatal financia a los bancos para que estos otorguen créditos a estudiantes matriculados en alguna institución de educación superior, o sea, el crédito es con fondos públicos pero la banca e instituciones financieras son las intermediarias y encargadas de cobrar los recursos bajo condiciones “especiales”. Se fija el cobro en UF. El año 2005 se crea el Crédito con Garantía Estatal o también llamado Crédito con Aval del Estado (CAE), lo que implicó bancarizar de forma automática a los estudiantes y sus familias para poder tener acceso a la educación superior. Así como el Crédito del Estado fue sufriendo modificaciones en el tiempo, el CAE también sufrió una modificación el año 2012, producto de las movilizaciones universitarias del año 2011, donde se bajó el interés inicial del 5,8% anual al 2% + 1 UF anual. Los estudiantes, según la carrera que escogieron quedaron endeudados entre 12, 15 y 20 años con los bancos. El año 2015, bajo el gobierno de Michelle Bachelet se enmienda de alguna forma el rumbo y se da gratuidad en la educación superior, la cual comienza a aplicarse desde el 2016. Actualmente la gratuidad es para el 60% de la población de menores ingresos. Eso no quita que quienes no cumplan con algunos de los requisitos para obtener la gratuidad, deban optar por el FSCU o el CAE, por lo que se sigue obligando a una parte de la población a endeudarse. 

Según reportajes de algunos medios electrónicos (El Dinamo y El Mostrador) publicadas en junio del presente año, la deuda del Fondo Solidario alcanza los 1.900 millones de dólares, equivalente a 1,3 billones de pesos. Esa deuda se distribuye en alrededor de 230 mil deudores. En el CAE la cifra es mayor, con una deuda que alcanza los 7.657 millones de dólares, equivalente a 5,3 billones de pesos en algo más de 870 mil estudiantes entre el año 2006 y 2018. Solo la deuda del CAE equivale al 10% del presupuesto nacional del presente año. La suma de ambas deudas son casi los 10 mil millones de dólares entre un millón 100 mil estudiantes adeudados. Una observación: no estamos sumando la deuda del Crédito CORFO, cuyo valor hasta el año 2012 equivalía los 700 millones de dólares aproximadamente. 

Estas cifras son estratosféricas, sobrepasan la imaginación de muchos en la cantidad de ceros que pueden tener y que cobran con tanta frialdad. 

Con estos antecedentes sobre la mesa, es que se hace el llamado a las deudoras y deudores de alguno de estos créditos a organizarse. Las deudas no distinguen una posición política determinada, existe transversalidad en los afectados. Seguramente gran parte de ellos obtuvieron sus títulos profesionales, como así también hay quienes por diversos motivos postergaron o abandonaron sus estudios y figuran en el listado de morosos de alguna casa de estudio, quienes además fueron puestos en DICOM por endeudarse para estudiar. 

Quienes transformaron la educación en un negocio no aman a Chile, no aman a su gente, no aman el progreso de la patria. Transformar la educación en un negocio es un acto de violencia institucionalizada, un saqueo a las familias humildes de nuestro país. Invertir en educación debe ser una obligación para el Estado en su propio desarrollo, para su bienestar y de quienes habitan en ella. Los dineros para educar no pueden ser vistos como un gasto riesgoso sino como una inversión social que hará de Chile un país más grande.  

Condonar el 100% de la deuda en todos los créditos es un acto de justicia social con aquellos que buscaron surgir y sacar adelante a los suyos. Muchos de ellos primera generación. Incluso, existen casos en estos momentos de deudas generacionales, donde la primera generación sigue endeudada y quienes son segunda generación, que están egresando, comenzara a pagar su crédito en un par de años más. 

Los defensores del modelo hablan del mérito, el emprendimiento y las necesidades de la “clase media” como una forma de dar ilusión a aquellos que con esfuerzo y sacrificio han tratado de surgir. Lo que no hablan los defensores del modelo, que esa mal llamada “clase media” es la que paga los créditos universitarios entre 15 a 20 años con intereses abrumadores, es la que no puede acceder a créditos hipotecarios porque figura en el boletín comercial por tener una deuda con la universidad X, que tendrán que no se le puede dar un “perdonazo” ya que no son grandes empresas o simplemente no tienen el apellido de las familias más ricas de Chile. 

Seguramente dirá “que fácil es pedir” pero ¿cómo financiamos este perdonazo? Desde los distintos cabildos han surgido ideas. La primera de ellas es un impuesto especial a las familias más ricas de Chile. La segunda, es cobrar mayores impuestos a las grandes empresas transnacionales, especialmente a las empresas mineras que se llevan nuestros recursos no renovables. La tercera, es usar los Fondos Soberanos del Estado de Chile para pagar de una vez por toda la deuda total. Seguramente existen otras fórmulas que deberán atenderse. En el caso del Fondo Solidario, al ser un crédito estatal, puede condonarse con mayor premura ya que el trato es directo con el fisco. Repitiendo la opinión de aquellos que hablan en los cabildos ciudadanos: “Quienes nos gobiernan estudiaron gratis, y ahora ellos nos quieren cobrar por estudiar”. 

Seguramente muchas cosas quedarán en el tintero. Sin embargo, usted puede cambiar esta situación. Recordemos que la protesta social ha logrado correr el cerco que muchos no quisieron tocar por años. La organización es vital para crear un Nuevo Chile. La condonación del total de las deudas debe ser parte de la Agenda Social.

NOTA *Con el precio actual del dólar a $857 la deuda equivale a  8,5 billones de pesos aproximadamente.