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El viernes, un grupo de pescadores de la Caleta de Peñuelas se manifestaron con barricadas por la masiva varazón de machas, responsabilizando por esta situación a la instalación de un cable submarino de fibra óptica que habría afectado el banco de este molusco. Así también, expusieron su molestia por el hurto reiterado de este recurso marino.

Es precisamente en este segundo punto, que las autoridades se comprometieron a reforzar las fiscalizaciones y a generar nuevas estrategias para evitar la extracción ilegal de machas.

Cecilia Solís, directora de Sernapesca, indicó “lo que nosotros estamos haciendo es reforzar nuestra estrategia de fiscalización en el tema del control de la macha, específicamente en los lugares de comercialización, porque si podemos rebajar el poder de compra, también podemos estar atacando la extracción ilegal”.

Asimismo, destacó que junto al Seremi de Economía reforzarán el compromiso de la ciudadanía, a través de campañas comunicacionales con el fin de concientizar del cuidado y preservación de este recurso natural.

Francisco Pizarro, dirigente de la Caleta de Peñuelas manifestó que “la solución que nos dieron fue por el tema de la venta ilegal de machas, fue que por parte de Sernapesca se realizarán fiscalizaciones y ahí veremos a que se puede llegar. La idea es que lleguemos a buen puerto para que no haya más extracción ilegal de nuestro recurso”.

Por su parte Gonzalo Chacón, Gobernador de Elqui, sostuvo que se lograron 3 medidas. “Primero, en cuanto a la extracción de machas la directora de Sernapesca va a llevar a cabo toda una campaña comunicacional y también de fiscalización en el comercio donde se vende este producto de procedencia ilegal. En segundo lugar, los pescadores van a tener una reunión con la empresa privada este martes donde podrán conversar con la empresa de la fibra óptica y por último hemos logrado un acuerdo con la caleta peñuelas para que ellos puedan hacer turismo”, dijo.

Dentro de las disposiciones acordadas, los pescadores también solicitaron el arriendo de una cancha, propiedad del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) para utilizarla como estacionamiento durante la temporada estival, lo que aportaría como un ingreso extra al afectado gremio de pescadores.