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Una compra de terrenos a un precio muy superior a la tasación inicial, ha generado un escándolo de proporciones luego que el Ministerio Público iniciara una investigación por posible fraude al fisco por el monto pagado: 9 mil 800 millones de pesos, los cuales se compraron sin que Contraloría haya tomado razón de la operación.

El "papayagate" ha significado un incendio que hoy en día nadie en intendencia puede apagar, luego que la unidad de investigación de Radio Bio Bio diera a conocer que el fiscal nacional Jorge Abott designó a una fiscal anticorrupción por posible fraude al fisco.

Lucía Pinto, intendenta regional, señala que todo se hizo de manera transparente, pero los antecedentes que obran en la investigación dicen que el Contralor General de la república informó de manera reservada de esta compra, que en principio era de 4 mil millones, y que luego subió a 9 mil 800 millones, contrato que se realizó en una notaria sin que pasara por la Contraloría regional, tramite ineludible por los altos montos de la operación que involucran recursos de todos los chilenos.

Los terrenos 

Según el informe, los terrenos corresponden a una compensación al Municipio de La Serena por el uso que se hizo de terrenos municipales correspondientes al recinto deportivo de CORDEP, para construir ahí un Hospital de referencia.

El problema viene a que los paños de terrenos corresponden a a las inmobiliarias Guayacán SPA, La Serena SPA, La Herradura SPA y Cerro Grande SPA, empresas donde Nicolás Bakulic Gorovic, ingresó como accionista -con un 25% de la propiedad en mayo del 2019 cuando se hacía el análisis de la compra. En ese mismo periodo, "su hijo Nicolás Bakulic Albertini, llevaba más de un año prestando servicios a honorarios en el GORE como profesional de apoyo técnico “en materias de pre-inversión” y que mantuvo contacto estrecho con el análisis que se hacía de la adquisición" señala el texto de la investigación periodística, en lo que a todas luces, parece un conflicto de interés insalvable.

Luego Intendencia compró los terrenos, lo que fue rechazado por Contraloría en octubre del 2019 por considerarse que no se cumplian con los mínimos para el proyecto.

La Intendencia Regional dejó sin efecto la decisión anterior y en su reemplazo dictó un nuevo documento, señala la investigación de Bio Bio "aprobando la compraventa. Sin embargo, en esta oportunidad, agregó dos nuevas tasaciones para rejustificar la operación. En números, la primera indicaba que el valor ascendía a $8.755 millones y la segunda a $9.180 millones. En otras palabras duplicaban el valor de las tasaciones de 2019".

Pese a todo esto, Intendencia insitió en comprar los terrenos, en la modalidad de trato directo siempre, pese a que Contraloría objetó las compras. Pese a todos los rechazos hechos saber a Intendencia, el organismo fiscalizador detectó que "el 3 de julio pasado, el GORE y las sociedades vendedoras rescindieron un contrato previamente rechazado, pero el mismo día inscribieron uno nuevo, gracias al cual el 28 de julio, el dinero terminó en la cuenta corriente de las empresas".

Reacciones

Las reacciones no se hicieron esperar. Desde Intendencia esta mañana se emitió un comunicado donde La Intendenta de Coquimbo, Lucía Pinto, señaló que “Contraloría puede poner en antecedente cualquier hecho que a su juicio deba ser investigada, pero nosotros tenemos la absoluta certeza y todos los antecedentes, que acreditan que no existe ningún tipo de irregularidad”.

Al respecto, la máxima autoridad regional enfatizó que “hemos aportado todos los antecedentes concretos y resoluciones apegados al derecho. Tenemos discrepancias jurídicas, pero acá no se ha cometido ninguna irregularidad y para demostrarlo, aportaremos con toda la información que se requiera”. 

Adicionalmente, señaló que “este proceso ha sido absolutamente transparente, en el que participaron diversos servicios públicos, con informes, estudios y una serie de antecedentes que avalan la legalidad y transparencia de todo este proceso, sustentado, incluso, con dictámenes de la propia Contraloría”.

El diputado Matías Walker señaló que esto "Hay un cuestionamiento al valor de compra de estos terrenos y que se haya recurrido a la modalidad de trato directo".

"Es una modalidad excepcional, cuando no hay una licitación pública. Y cuando una entidad pública decide hacerlo bajo esta modalidad, siempre debe hacerse el tramite de toma de razón de Contraloría, sobre todo cuando se trata de montos elevados" agregó.

El diputado Daniel Nuñez es más duro y señala que esto "es sin duda el mayor escándolo de corrupción del gobierno regional, desde el regreso de la democracia".

"La Intendenta Lucía Pinto pasó por encima de todas las advertencias y cuestionamientos que hizo Contraloría y autorizó una compra absolutamente irregular, puesto que no se cumplían con las exigencias que señalaba el organismo normativo, por lo tanto cometió evidentes faltas en su actuar y en su proceder como intendenta y en el buen uso de los recursos públicos. A ello se suma que un asesor de la intendencia resultó verse involucrado puesto que su padre es uno de los dueños de la inmobiliaria beneficiada con esta compra multimillonaria, lo que demuestra un tráfico de influencias, un conflicto de interés en esta situación".