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Tan insistente como Joaquín Lavin en los matinales resultó ser el Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11). Luego de ser discutido en la comisión y la Cámara de Diputados, su aprobación quedó “stand by” debido a la crisis social que vivimos el año pasado. Sin embargo, el deslegitimado presidente Sebastián Piñera ha decidido ponerlo en discusión inmediata en el Senado, quedando a un paso de ser ley.

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Seamos sinceros, el TPP-11 busca mantener el modelo de desarrollo impuesto en Chile durante la dictadura. Modelo que ha traído miseria para gran parte de la población, pero negocios lucrativos para otros pocos.

A partir de impuestos bajísimos, el neoliberalismo ha transformado a nuestro país en un exportador de materias de primera mano sin mayor valor agregado, y también importador de productos refinados. En pocas palabras “vendemos cobre para comprar cable” como se diría popularmente.

Las consecuencias de este modelo se han visto expresadas claramente durante estos últimos años: desigualdad, explotación de recursos naturales, millones de trabajadores endeudados y estresados porque apenas llegan a fin de mes, violación de derechos humanos a pueblos indígenas, entre varios factores que no se han tomado en consideración por tener una fé ciega en este “libre mercado”. Pese a esto, han habido grandes empresas -principalmente inversionistas extranjeros- que han tenido una jugosa acumulación económica como pocos lugares en el mundo.

Este modelo tan conveniente para las transnacionales es el que quiere mantener el TPP-11, pues busca entregarles libertades económicas significativas y una protección jurídica sin igual. Aparte de reducirles impuestos y poner menos trabas burocráticas para hacer sus proyectos, este tratado reduce el poder del Estado chileno frente a estos gigantes extranjeros. Ante cualquier avance en el rol del sector público, los inversionistas podrían sentirse pasados a llevar y tendrán todo el derecho a demandar ante tribunales internacionales a nuestro pequeño Estado.

Para colmo, los capítulos de este tratado fueron escritos por los abogados de estos inversionistas, pasando a llevar la soberanía y democracia de nuestro país. ¿Por qué?

En primer lugar, va a dificultar que el Estado se haga cargo de los derechos sociales básicos de la población, impidiendo diseñar políticas públicas que garanticen salud, educación pública u otro que afecte los intereses de las transnacionales. De este modo, pensar en un fondo de pensiones público será casi un sueño. Más difícil aún sería aplicar un royalty a las grandes mineras, el cual podría asignar una mayor cantidad de recursos en, justamente, educación pública de calidad.

Los movimientos sociales también se verán atados de manos. Una manifestación por mejores derechos y condiciones laborales probablemente no tendría buen puerto. Para peor, la Convención Constituyente no tendrá impacto alguno, ya que no puede tocar tratados internacionales. Entonces, varios de los puntos escritos en el papel de la nueva Constitución serán bastante complicados de poner en práctica. En otras palabras, hacer una Constitución digna será casi imposible ya que temas como salud, jubilación, agua, pesca, royalty, entre otros se considerarán como expropiatorios.

Los principales argumentos para llevar a cabo este tratado los puso en la mesa el Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, donde le puso énfasis al libre comercio y a la recuperación económica del país causada por la crisis sanitaria. “Si el tratado estuviera aprobado, más de 10 mil productos de distinta naturaleza, estarían ingresando a los tratados del TPP-11”, explicó el canciller durante un punto de prensa en La Moneda.

¿Es realmente cierto esto? Tanto la derecha como el sector empresarial al cual representan, suelen utilizar argumentos a-históricos y con sentido de inmediatez para imponer sus intereses. Es por eso que no toman en cuenta las consecuencias estructurales de este tratado.

Han sido poco más de 4 décadas en que hemos vivido con un libre mercado excesivo, y de libertades nada para la ciudadanía. Al contrario, ha hecho a nuestro país más dependiente del devenir económico internacional, donde a la primera crisis económica de otros países, nosotros también caemos. Y para rematar, ahora tendremos que pedir permiso si queremos cambiar en algo este modelo.

Entonces ¿Por qué tanta insistencia en llevar a cabo este tratado que mantiene un modelo que nos perjudica? Es que, como la ha venido planteando la Cepal desde los años 60, si hay perjudicados es que deben haber beneficiados. Cardoso y Faletto bien lo explicaron en su destacado libro Dependencia y Desarrollo en América Latina “la situación de subdesarrollo nace precisamente de la relación entre sociedades periféricas y centrales”.

¿Cuáles son esas sociedades periféricas y centrales? Para eso hay que mirar a los países que participan del TPP-11. Primero tenemos países como Perú, Chile o México con situaciones de desarrollo similares, pero también están los países desarrollados como Canadá y Australia, de donde vienen empresas gigantes como BHP Billiton, Río Tinto o Barrick Gold. Todas inversionistas constantes en nuestro país y que pueden verse altamente beneficiadas en el sentido económico, y no tendrán mayor contrapeso para llevarse el agua de quienes habitan los territorios en donde se desenvuelven.

Lo que pasa entonces es que el desarrollo de estos países dependen del subdesarrollo de los nuestros. Así lo explican los autores recién citados “el poder económico se expresa como dominación social; pues a través de un proceso político, una clase o grupo económico intenta establecer un sistema de relaciones sociales que le permitan imponer al conjunto de la sociedad un modo de producción propio”. En este caso, la imposición se trata de un modelo neoliberal-extractivo del cual se beneficia claramente el centro (países desarrollados) y la élite nacional con la cual hacen negocios.

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Está demostrado que si seguimos con esa lógica, el desarrollo no llegará. Seguiremos vendiendo barato para comprar caro, degradando el medioambiente y calidad de vida de nuestros habitantes. Es eso lo que el TPP-11 quiere que se mantenga. Y frente a la crisis social, económica y sanitaria de nuestro país ¿Es realmente de primera urgencia aprobar este proyecto? ¿Tan importante es proteger el interés de empresas que sólo explotan a las personas y recursos naturales de nuestro país? Al contrario, la urgencia está en rechazarlo para seguir un rumbo de desarrollo equilibrado.