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La Fiscalía de Vicuña formalizó a 2 personas de origen chino, identificados como L.CH. y su madre A.Z., en calidad de imputados por tráfico de migrantes y trata de personas. Según la investigación, habrían facilitado la entrada ilegal de dos personas, también de origen chino.

Todo esto con ánimo de lucro, bajo costo y maximizar ganancias, de acuerdo a lo que se desprende de la formalización, que sitúa los hechos entre el segundo semestre del 2017 y en el 2018. En la audiencia, los imputados conocieron los hechos por los cuales se les investiga, mediante el servicio de una intérprete.

Las víctimas, un hombre y una mujer de 18 años, habrían sido instruidos para decir que ingresarían al país en calidad de turistas y así obtener una visa. Sin embargo, su destino sería distinto.

Un antecedente clave que se investiga es la confección de una carta de invitación de una empresa en que supuestamente trabajarían las víctimas, la cual no tenía dirección real en La Serena. Finalmente serían conducidos a Vicuña, a desempeñar funciones en un local comercial.

El segundo hecho da cuenta que la joven de 18 años, ya en Vicuña, habría sufrido malos tratos golpes e incluso le habrían negado la posibilidad de regresar a su país de origen. La Fiscalía también investiga que no se cumplieron las condiciones laborales, económicas y contractuales.

El fiscal de Vicuña, Juan Rubén González, comunicó los hechos ante el Juzgado de Garantía y entregó detalles del caso que afectó fundamentalmente a la víctima de 18 años. "Se le hicieron determinadas promesas, que cumplirían condiciones favorables y no se le cumplió ninguna. Se le hicieron trabajar en extensas jornadas, no se le remuneraba, no tenía ningún tipo de previsión social y le tendrían su pasaporte retenido", dijo.

Detalló que el caso fue conocido porque compañeras de trabajo denunciaron la situación que vivía la joven de 18 años. El fiscal solicitó además una audiencia para adelantar prueba correspondiente a la declaración de la joven asiática, a objeto que pueda retornar a su país. En tanto, se sigue indagando la situación de la otra víctima.

Los imputados quedaron con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, prohibición de acercarse a la víctima, firma semanal en la Fiscalía de Vicuña y arraigo nacional. El Juzgado de Garantía concedió un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.