El pasado lunes 14 de agosto se comenzaron a aplicar diversas restricciones respecto a la venta, consumo y publicidad del cigarillo.

En esta ley se contemplan diferentes tipos de prohibiciones, ya sean prohibiciones totales por ejemplo de fumar en establecimientos educacionales, bombas de bencina, etc. o prohibiciones que pueden existir si hay de por medio un acuerdo (en las oficinas en las cuales existan menos de diez trabajadores, se puede llegar a un acuerdo entre el propietario de la oficina y sus trabajadores de si se fuma o no en dicha oficina).
Obviamente esta ley favorece ampliamente a las personas no fumadoras y restringe la actividad que tienen por costumbre las personas fumadoras, lo cual vendría a ser una clara señal que se respeta lo establecido en la Constitución Política en su Artículo 19, numero 8, inciso 1° que establece: La constitución asegura a todas las personas: "El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación" y ademas el inciso final del precepto mencionado señala: "La ley podrá establecer restricciones especificas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente". Lo cual es precisamente el objetivo de la ley en cuestión.
No hay duda que la aplcación en nuestro país es un gran avance en cuanto a la protección de la salud de las personas (en este caso los no fumadores).
Sin embargo se debe legislar de igual forma sobre la venta, consumo y publicidad del alcohol, porque claro está que tanto el tabaco como el alcohol son drogas, permitidas pero al fin y al cabo son drogas.
Pero sin embargo ¿Qué es más riesgoso, una persona que fuma un cigarillo y se sube a conducir un vehículo o una persona que ha bebido alcohol y luego conduce?.