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Por Albert Arias, Master of Marine Affairs University of Washington y Asesor Pesquero

Hace una semana el país se dio cuenta una vez más cuán representados estamos los chilenos en el congreso. La Ley de Pesca, más conocida como la “Ley Longueira”, se aprobó gracias a los votos de la derecha, más algunos diputados de oposición, coincidentemente de distritos donde los grandes industriales pesqueros tienen influencia. ¿Y todo para qué? para entregar a perpetuidad los recursos del país a un grupo de privilegiados.

Luego de escuchar los discursos de quienes justifican una aprobación acelerada de la ley en cuestión invocando la sustentabilidad de los recursos, creo importante hacer un rápido análisis de que es lo que realmente contiene el proyecto de ley respecto de este tema, más allá de las simples definiciones que tanto han tratado de poner en los medios.

A decir verdad, respecto de la sustentabilidad de los recursos pesqueros, este proyecto de ley contiene poco… o nada. Si bien es cierto que se podría considerar un avance la eliminación del Consejo Nacional de Pesca como entidad resolutiva, y por ende, la influencia de los regulados en la determinación de las cuotas de pesca, este proyecto de ley no fortalece la institucionalidad para hacerla menos permeable a los intereses políticos del gobierno de turno y a los intereses económicos,  que siempre están de turno.

Muy lejos de crear un Instituto Pesquero de Chile encargado de la investigación pesquera del país, autónomo y  con profesionales del mejor nivel -bien remunerados y sin temor a decir la verdad- se propone un diseño en el cual se crean múltiples comités técnicos, los que recomendarán una cuota, la que será finalmente establecida por el Ejecutivo. Lamentablemente, estos comités al no tener financiamiento, no ser autónomos  y siendo varios o muchos, están expuestos a  diluir la responsabilidad de sus funciones, crear grandes confusiones y eventualmente ser totalmente inoperantes, amén de transformarse eventualmente en nuevas versiones del Consejo Nacional de Pesca, donde los intereses de los actores sean prioritarios por sobre la sustentabilidad de los recursos pesqueros. Es decir, el avance aparente en la decisión técnica de la cuota termina siendo eliminado por la realidad de un sector acostumbrado a cambiar las reglas vía influencias, compadrazgo o pataleta.

Entonces, si el proyecto de ley no contiene ningún avance real en términos de sustentabilidad, o de real cuidado de los recursos pesqueros del país, ¿qué contiene?. El proyecto lo único que realmente busca es la asignación a perpetuidad de los peces a un cartel, porque se les vence el plazo a fines de este año y mientras más pronto se haga, mejor. 

www.anapesca.cl [10]